PROYECTO DE REFORMA TRIBUTARIA 2025

PROYECTO DE REFORMA TRIBUTARIA 2025

El 22 de julio de 2025, el Gobierno ingresó a la Cámara de Diputados un nuevo Proyecto de Reforma Tributaria, con el objetivo de introducir cambios al sistema tributario en apoyo a la clase media, las PYMEs, y mediante una reducción de exenciones. Esta reforma busca una recaudación neta equivalente al 4,1% del PIB al 2026, y se encuentra actualmente en su primer trámite constitucional.

Dentro de los principales ejes del proyecto, destacan:

1. Cambios en la tributación personal, mediante el aumento en los dos últimos tramos del Impuesto Global Complementario (IGC) e Impuesto Único de Segunda Categoría (IUSC). Se propone que las rentas anuales entre 120 y 150 Unidad Tributarias Anuales, tributen con una tasa de 38%, mientras que las rentas sobre 150 UTA tributen con tasa de 40%, rebajando así el actual el umbral.

Adicionalmente, se propone eliminar los actuales beneficios especiales para autoridades (presidente, ministros, senadores).

2. Cambios en la tributación de las empresas. La reforma propuesta busca reemplazar el actual sistema semi-integrado por un modelo semi-dual, en el que los socios o accionistas tributarán con una tasa fija de 22% sobre dividendos, sin derecho a crédito.
Además, se propone la creación de una tasa adicional de 2% (“tasa de desarrollo”) para empresas, que podría ser rebajada en caso que la sociedad realice inversiones en I+D, certificaciones, entre otros.

Por otra parte, se propone restringir el sistema de renta presunta a empresas con ventas menores a 2.400 UF anuales.

3. Cambios en régimen PYME, con el objeto de simplificar el cumplimiento tributario, fomentar su formalización y reducir su carga tributaria. Se promueve que las PYME se acojan a un régimen de tributación transparente, manteniéndose un régimen integrado para quienes no opten por el régimen transparente, con una tasa de impuesto de primera categoría ascendentes a 20%. Además, se propone la creación de un nuevo régimen simplificado para las personas con ingresos anuales inferiores a 2.400 UF, junto con un nuevo impuesto “monotributo”, aplicable a microemprendimientos de personas naturales que se encuentre en el 80% más vulnerable (ingresos ≤ 310 UF anuales), afectos a un pago único mensual de ½ UTM.

4. Medidas para la clase media y grupos vulnerables, entre las que se encuentran deducción por arriendo: hasta 8 UTM anuales para personas con menos de 2 propiedades; tope de pago de contribuciones del 5% de ingresos anuales para el 60% más vulnerable de la población; deducción por gastos de cuidado por menores de 2 años y personas con dependencia severa con tope de hasta 10 UTM mensuales; y una simplificación en el cálculo para acceder a beneficios por concepto de gastos en educación.

5. Impuesto al Patrimonio, que pretende afectar a personas con un patrimonio superior a 6.000 UTA, con una tasa progresiva, correspondiente al 1% sobre el tramo entre 6.000 a 18.000 UTA; y un 1,8% sobre lo que exceda a las 18.000 UTA. Para el cálculo del patrimonio, deberán incluirse tanto los bienes radicados en Chile como en el extranjero.

6. Eliminación del actual beneficio de los bienes inmuebles acogidos a DFL2, dejando de estar exentos los arrendamientos de los dos primeros bienes inmuebles de dichas características.

7. Las ganancias de capital, que actualmente cuentan con una tasa preferencial del 10%, pasarían a una tasa del 22%.

8. Los fondos de inversión privados perderían la exención de impuesto de primera categoría, salvo si inviertieran en capital de riesgo.

9. Modificaciones al impuesto a la herencia y donaciones, resultando gravadas las donaciones revocables que se hagan a personas relacionadas.

10. Modificación a las actuales medidas antielusión, mediante la aplicación de normas antielusivas sin autorización judicial previa y el fortalecimiento de controles sobre paraísos fiscales, beneficiarios finales y precios de transferencia.

Mientras el Ejecutivo sostiene que esta reforma permitirá mejorar la equidad del sistema tributario, fomentar la formalización de emprendimientos, y fortalecer la recaudación para financiar políticas sociales, diversos sectores han expresado preocupación por el impacto en la inversión y el crecimiento, especialmente en un contexto de bajo dinamismo económico y elecciones próximas.

La discusión en el Congreso definirá si el proyecto logra conciliar sus objetivos redistributivos con la necesidad de certeza jurídica y competitividad económica de nuestro país.

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